Las organizaciones ambientalistas que promovieron amparos ya denunciaron el nuevo atropello ante el juez, así como la violación a la suspensión definitiva

Gobierno de AMLO por decreto ocupará terrenos privados para Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la expropiación de ocho inmuebles más al paso del Tramo 5 Sur del Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación que avaló la “ocupación temporal inmediata”, sin procedimiento de expropiación previo.

El argumento para la ocupación inmediata es que se desconocen los domicilios de los propietarios y, por tanto, no se les puede emplazar a un procedimiento ordinario de expropiación.

Los inmuebles privados, que suman 165 mil 250 metros cuadrados, son necesarios para las obras del Tren Maya en los municipios de Solidaridad y Tulum.

“Por la importancia del Tren Maya, y para evitar pérdidas económicas al erario, es procedente decretar la ocupación temporal inmediata de esos polígonos en términos de los artículos 2 Bis, 4º y 7º de la Ley de Expropiación, con base en el artículo 8 Bis de la misma ley.

“Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) debe proceder al pago de la indemnización a quien corresponda, en términos de la normativa aplicable.”

Los ocho inmuebles son parte de una declaratoria de utilidad pública para el Tren Maya, que la Sedatu publicó el 12 de julio y que abarca 25 inmuebles privados que ahora suman 382 mil metros cuadrados.

La declaratoria fue el paso inicial para el proceso de expropiación ordinario, que culmina con un decreto del Ejecutivo, previo derecho de audiencia a las personas afectadas. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) consideró necesario tomar posesión inmediata de los ocho polígonos que se ordenó ocupar, para obras de interconexión del Tramo 5 Sur.

El artículo 2 Bis de la Ley de Expropiación prevé desde 2012 ese tipo de “ocupaciones temporales inmediatas”, que rara vez se han utilizado, y también ordena que se compense a los dueños de los terrenos afectados con una indemnización “a valor de mercado”.

Las organizaciones ambientalistas que promovieron amparos ya denunciaron el nuevo atropello ante el juez, así como la violación a la suspensión definitiva, que es un delito federal. El 1 de agosto se desahogará la audiencia para aclarar el tema.

 

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