Organizaciones no gubernamentales pidieron a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH del Estado de Quintana Roo, emitida por la XVI Legislatura del Congreso local.
Las organizaciones Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH y Vida Posi+iva Playa consideran que partes de esta ley afectan el derecho a la igualdad y a la no discriminación, establecido en el quinto párrafo del artículo 1 de la Constitución mexicana, entre otras disposiciones.
Señalaron que muestra de ello es el artículo 14 de esa ley, aprobada en mayo pasado, que establece que “ninguna persona en el territorio del estado de Quintana Roo será sometida a pruebas obligatorias para el diagnóstico del VIH, salvo aquellas sujetas a normas de atención y bajo consentimiento informado, y en los casos siguientes”
La causas que enumera para realizar pruebas obligatorias son: para efectos de donación de sangre y hemoderivados, leche materna, semen, órganos o tejidos; en pacientes con insuficiencia renal crónica, antes de entrar a los programas de hemodiálisis; en pacientes programados para intervenciones quirúrgicas y aquellos que vayan a ser sometidos a métodos de diagnóstico invasivo; en los casos en que la persona se encuentre sujeta a investigación por la comisión de algún delito mediante orden emitida por autoridad competente; y en mujeres embarazadas a efecto de que el producto no tenga una transmisión vertical del VIH.
Por ello, ambas organizaciones pidieron la intervención de la CNDH para promover una acción de inconstitucionalidad de dicha ley.
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