Acusan al actual gobierno de la venta clandestina de alcohol y la corrupción durante la pandemia

A escasos días de que termine la actual administración estatal, Joaquín Noh Mayo, líder de la Unión de Propietarios de Bares, Restaurantes y Similares (Uprobars), aseguró que este gobierno ha quedado a deber en combatir la corrupción y el “clandestinaje” en este sector económico, y por el contrario, la incrementó, al impulsar modificaciones a la Ley de Alcoholes de Quintana Roo.

El líder empresarial aseguró que si bien este gobierno, que encabeza Carlos Joaquín González, habló al inicio de sexenio que iba a combatir el “clandestinaje” y la corrupción (“males que empeoraron durante la pandemia”), el porcentaje de acción, dijo, “fue en realidad mínimo”.

En ese sentido, consideró que, a nivel general, por desgracia, a causa de la pandemia y ahora por “cuestiones económicas”, el gobierno estatal no pudo lograr sus objetivos planteados, por lo que espera que la siguiente administración cumpla con las metas que se proponga en su momento.

Agregó que lo hecho durante este último año, sobre todo en materia de infraestructura, se debió de hacer en el tercero de esta administración, pero aseguró que ahora se toma “la excusa de la pandemia”, para explicar por qué no se concretó antes.

Al respecto de Ley de Alcoholes de Quintana Roo, apuntó que las modificaciones aplicadas a la misma durante el 2019, cuando se le autorizó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) reducir los horarios de venta de bebida alcohólicas y horarios extraordinarios, solo han generado un incremento desmedido del “clandestinaje” y la corrupción en el sector.

Resaltó que estas irregularidades que dañan la economía de los empresarios formales ya han sido presentadas a la autoridad sin que hayan sido escuchados, por lo que prevé que de no revertir las modificaciones a dicha ley, la corrupción y el “clandestinaje” seguirán en aumento. 

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