Representantes de más de 2,500 familias de Playa del Carmen interpusieron una acción colectiva en contra de la mina Sac-Tun, mejor conocida como Calica, por daños a la salud de niños, así como deterioro ambiental y contaminación del acuífero subterráneo que yace debajo de las 2,400 hectáreas que tienen concesionada para extracción de roca caliza.
Los denunciantes acudieron este lunes 24 de octubre a los juzgados de Cancún para interponer este recurso, mediante el cual exigen el cierre definitivo de la mina a cielo abierto, apelando al derecho de la colectividad a un medio ambiente sano y al derecho superior de la niñez.
Quetzal Tzab, uno de los denunciantes, aseguró que existen incontables casos de niños con problemas de asma y enfermedades cutáneas, sobre todo en la comunidad de Las Torres, ubicada a 2 kilómetros de Sac-Tun, hasta donde se esparce el polvo que desprende la roca triturada que se almacena en grandes cantidades sobre las 2,400 hectáreas que desde hace más de 30 años explota la firma estadounidense Vulcan Materials, dueña de la mina.
El activista Raúl Benet, asesor ambiental de los demandantes, precisó que durante más de treinta años la empresa ha detonado continuamente grandes cantidades de explosivos del tipo de los hidrogeles, perforando con profundos barrenos varios metros por debajo del nivel freático, y han vertido al acuífero concentraciones significativas de nitritos y otros contaminantes, además de haber liberado a la atmósfera y al mar Caribe inmensas cantidades de finísimo polvo calizo muy dañino para la salud de la población, y en particular de la niñez.
“Todo ello, sin contar el desmonte de cientos de hectáreas de selva, devastado el suelo y el subsuelo de la zona, y desviado el curso de las corrientes subterráneas, apropiándose de inmensos volúmenes de agua, muy superiores a los aprobados, según se desprende de los estudios publicados recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, dijo.
El activista añadió que si bien la empresa contaba con algunos permisos otorgados durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la violación constante y permanente de las condicionantes establecidas y los volúmenes aprobados en tales permisos, ha sido causa fundamental del gran impacto social y ambiental que la explotación ha significado.
“Ésta y cualquier otra empresa que viole las condicionantes establecidas en sus permisos, y que tenga como resultado un grave deterioro ambiental y la violación de los derechos de la colectividad, tienen que ser llevados a juicio, sus operaciones deben ser clausuradas definitivamente, y las empresas tienen que responder por los daños ambientales y sociales causados”, añadió.
Aseguró además que todo está documentado por la propia Semarnat, la cual dio a conocer el daño ambiental que ha causado Calica, en agosto pasado, mediante estudios que llevó a cabo el Instituto Nacional Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
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