El Tribunal Federal de Justicia Administrativa negó a Barcos Caribe, empresa relacionada con el ex gobernador preso, Roberto Borge, llevar su juicio a la Sala Superior para que resuelva el retiro de la concesión de cruce marítimo hace más de cinco años.
En 2022, la naviera presentó una demanda por la vía administrativa en la Sala Regional del Caribe y Auxiliar, de Cancún, contra la Secretaría de Marina y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por el retiro de la concesión de cruce federal de Playa del Carmen a Cozumel, según el expediente 702/22-20-01-8.
El año pasado, en la misma demanda, promovió la facultad de atracción con la cual buscó que la Sala Superior resolviera su caso, argumentando características especiales del mismo. Esta sala es la última instancia en procesos administrativos, con la cual buscó acelerar la resolución de su caso.
“No se ejerce atracción y se remite solicitud a sección”, se lee en un acuerdo del 29 de enero pasado remitido a la Sala Caribe.
La demanda la promovió Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, sociedad mercantil que creó Barcos Caribe, empresa que está fuera de operación tras una explosión en la terminal marítima de Playa del Carmen en febrero de 2018.
El próximo miércoles 21, se van a cumplir seis años de aquella explosión que dejó al descubierto una serie de irregularidades de la naviera, la cual presuntamente fue creada con dinero público por el ex gobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso.
De acuerdo con datos registrales de la Secretaría de Economía, del Gobierno de México, impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, fue constituida en 2012, en Cozumel.
Igual que la empresa que fundó busca recuperar su concesión, Roberto Borge busca la protección de la justicia federal que le relaje la medida cautelar de prisión preventiva justificada al arraigo.
