Organizaciones ambientalistas de Quintana Roo lograron obtener la suspensión provisional del desembarco de la piedra procedente de Cuba para la elaboración de balasto que actualmente se realiza en Puerto Morelos y que se empleará en las vías del Tren Maya.
Así lo dieron a conocer las propias organizaciones entre las que se encuentran Puerto Morelos Sustentable, Voces Unidas de Puerto Morelos, Latitud 21, Grupo Gema del Mayab y la Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres.
El recurso, que se desahoga ante el Juzgado primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, argumenta que no se tramitaron permisos ambientales para el desarrollo de esta actividad, y que tampoco se ha tramitado ninguna autorización de impacto ambiental para el camino alterno que ya ha sido anunciado por el gobierno de Quintana Roo mediante el cual se moverá la piedra traída desde Cuba a través de camiones de volteo, el cual aseguran se construirá sobre los manglares de Puerto Morelos.
“Los efectos de la suspensión son que se paralicen la navegación y anclaje de la embarcación denominada Melody, sobre la comunidad coralina del arrecife ubicado en el área natural protegida reserva de la biósfera caribe mexicano (RBCM), adyacente al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (PNAPM), y para que no realicen los trabajos de tala, desmonte y relleno de manglar, ni se realice la construcción del camino a un costado de la avenida José María Morelos, que conecta la carretera federal 307 con la zona costera del municipio de Puerto Morelos, para el transporte y operaciones de los camiones que estarán transportando material pétreo”, se lee en la comunicación emitida por las organizaciones que promovieron el amparo.
Horas más tarde, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, salió a asegurar que los trabajos no se detienen, lo cual fue confirmado por Armando Lara Denigris, secretario estatal de Desarrollo Territorial, Urbano Sustentable, quien explicó que no se suspenden porque no han sido notificados de ningún amparo concedido por el poder judicial.
Independientemente de las declaraciones de la gobernadora, el viernes 21 de abril se realizará la audiencia constitucional en la que el juzgado primero de distrito definirá si concede la suspensión definitiva o anula la medida mientras el juicio continúa su curso legal.
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